Como quiera que ayer, 7 de noviembre de 2012, se publicó un artículo en El Día de Córdoba en la que se vertían comentario que podría dar lugar a una ceremonia de confusión hacemos las siguientes precisiones:
1. El cambio que se pretende imponer en la cementera Cosmos es un “cambio sustancial” y así lo define la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y esta definición y sus consecuencias ya han sido avaladas por sentencias judiciales.
2. La AAI fue otorgada incumpliendo el Decreto 2414/1961 de 30 de octubre, que estaba vigente, que obligaba a respetar una distancia mínima de 2000 metros de las zonas habitadas y existen también sentencias que confirman esta aseveración.
3. La concesión de las licencias de obras, actividad y puesta en marcha para la incineración de residuos no es un acto reglado. Es necesario el pronunciamiento final de la Autoridad Municipal (Ley 16/2002 de 1 de julio) y en ello intervienen otros criterios, que son, en cuestiones como la que tratamos, políticos (esto explica la paralización del proyecto en el 2007: El Ayuntamiento por unanimidad, dijo no; o que en 1989 el Jefe de Sección se negase a firmar el documento de expediente de la licencia de remodelación de la fábrica de cemento Asland y afirmara que el acuerdo, como mínimo era anulable y al día siguiente fue aprobado).
4. La AAI está caducada, pues ha pasado cinco años desde su concesión y no se ha hecho uso de ella (Decreto 5/2012 de 17 de enero).
5. La cementera Cosmos retiró el proyecto de incineración en el 2007 y el Ayuntamiento felicitó a la empresa por ello. Pretender ahora ponerlo en marcha es un acto por parte de la Empresa de deslealtad institucional y que genera indefensión para el Ayuntamiento y para los ciudadanos.
6. Y finalmente, fue el PP en el 2007 el que apoyó políticamente y con gran decisión las tesis de la Plataforma ciudadana que se oponía a la incineración de residuos en la cementera Cosmos. Un cambio de posicionamiento del Partido Popular sería muy mal interpretado por la ciudadanía y crearía confusión entre sus votantes.
La empresa Cosmos habla que el cambio que pretende realizar es un “riesgo asumible”; pero nos preguntamos: ¿Asumible para quién…? ¿Para los hijos de los accionistas del grupo cementero que estudian en colegios suizos o para nuestros jóvenes que se forman en el I.E.S Blas Infante (Levante); nuestros niños que van al colegio Concepción Arenal (Fátima) o nuestros infantes y bebés del Colegio Infantil Ntra. Sra. de la Soledad (Zumbacón)…?
Finamente, y clarificando los hechos, el problema de la cementera-incineradora es un problema de ciudad que ya está amortizada urbanísticamente e hipoteca el crecimiento armonioso de Córdoba hacia el Este convirtiéndose en un arcaísmo urbano como lo fue la fábrica de Carbonell cuando estaba en la Ollerías; pero, sobre todo, es un grave problema para la salud de sus habitantes de hoy y del futuro, máxime si se autoriza la incineración.
En definitiva, es un problema político, eminentemente político, por lo que hay que dar una respuesta política y esa no es otra, en principio, que impedir que se convierta en incineradora de residuos, como dice la ley, “potencialmente peligrosos”, ante lo cual hay que aplicar el principio de prevención y cautela, como reiteradamente nos recuerda las directivas de la Unión Europea y nuestra propia legislación (Ley 34/2007 de 15 de noviembre) para situaciones de riesgo potencial, como, sin duda lo es éste.
FDO:Jesús Padilla